José Granados Fernández

El pasado jueves, la ministra de Educación, la barranquillera Yaneth Giha Tovar, afirmó que la Universidad Autónoma del Caribe, “tiene activos y patrimonio” para hacer frente a su crisis, sin embargo, paradójicamente un informe de enero de este año, elaborado por la Subdirección de Inspección y Vigilancia de ese ministerio, señala que la institución presenta un desmejoramiento marcado en su estado financiero.

A raíz de la crisis que crece día a día, la Autónoma, en la que sus profesores y alumnos han decretado un cese de actividades, es investigada por los ministerios de Educación y Trabajo, y soporta severas críticas relacionadas con la cuestionada gestión del rector Ramsés Vargas Lamadrid, que ha sido apoyado por órganos de gobierno como la Sala General y el Consejo Directivo, en los que actúan un número importante de sus familiares directos, entre ellos sus padres, su esposa y primos.

Emisora Atlántico y Zona Cero.com conocieron en detalle que, por la crisis administrativa y financiera, la Universidad Autónoma ha perdido y comprometido 47 de sus bienes más valiosos, la mayoría localizados en el sector de la carrera 46 y 49C entre calles 88 y 90, como el bloque administrativo, la biblioteca, el edificio de parqueaderos y el consultorio jurídico; también el polideportivo de 14 hectáreas, considerado la ‘joya de la corona’, por el sitio donde se encuentra en la autopista a Puerto Colombia, y varios apartamentos.

Como la universidad se quedó sin liquidez para cumplir con sus obligaciones laborales y con proveedores, tuvo que salir a financiar sus gastos de operación con ventas de inmueble, créditos bancarios (en un 40%,) y prestamos particulares (en un 44%). Para ello, echó mano de sus bienes como fuente de pago, a través de leasing inmobiliarios e hipotecas, varias de las cuales terminaron en la pérdida de los inmuebles, en pactos de retroventas, embargos o la cesión de estos.

Negocios con bancos

El informe de la Subdirección de Inspección y Vigilancia señala que, de acuerdo con la información que la Autónoma entregó al Mineducación, el valor de los bienes de la universidad sumaba 134.680 millones de pesos. De estos, han sido entregados en garantía a Davivienda, Fiduciaria BBVA y el Helm Bank, propiedades por 89.182 millones de pesos.
Por esa razón, en la visita de inspección practicada entre el 24 y 26 de enero pasados, el Ministerio le pidió a la Autónoma la relación de bienes y sus certificados de libertad y tradición, y entonces hallaron lo siguiente:
Había ocho inmuebles sin afectación al derecho de dominio, es decir que seguían siendo de la universidad, entre ellos una de las sedes del Centro de Educación Permanente, CEP, donde imparten las clases de las carreras técnicas, en la 49C entre calles 88 y 90; las dos casas de las antenas de Radio Uniautónoma en Los Nogales; un apartamento en el edificio Juan Ignacio, otro en el edificio Sol Caribe y tres propiedades más.

Las hipotecas

Hallaron 11 inmuebles hipotecados, así: la sede del Centro Jurídico y la Sala de Arbitramento, hipotecado a B&V Comunicaciones Estratégicas; una sede del jardín Mi Pequeña Uniautónoma y la sede de la Dirección Académica, hipotecadas a Inversiones Agropecuaria de la Costa; la otra sede del Centro de Educación Permanente, seis apartamentos del Edificio Sol Caribe y una casa llamada Villa Aireen, también hipotecados a B&V Comunicaciones Estratégicas.

En un capitulo aparte, el informe del Mineducación se refiere al embargo del Polideportivo -cerca de 6 hectáreas, según ha trascendido- decretado por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla a favor de Juriservir, una empresa domiciliada en Santa Marta, cuya representante legal es Marena Esther Pupo Yohaid.

Sobre el Polideportivo figura otra reseña que llama la atención en el informe. En el tema de contrataciones, el Ministerio documentó que la empresa Tabo Constructores firmó con Uniautónoma, el 28 de marzo de 2015, una promesa de compraventa por 10.300 millones de pesos por 8 hectáreas del Polideportivo. Después hubo una cesión de contrato de promesa de compraventa de Tabo Constructores a Juriservir. Dice el informe al respecto:

“Dentro de las obligaciones a favor de Juriservir por parte de la Universidad se encuentra un acuerdo de pago por la suma de 4.044.634.969 pesos por concepto de préstamo, el cual no (se) ha podido determinar si ya se realizó el correspondiente pago”.

Sobre las hipotecas de bienes de la Autónoma, el Ministerio señala que “se observa que la universidad tiene altas afectaciones sobre el derecho de dominio de los bienes inmuebles antes mencionados, pues las hipotecas y embargos generan un alto riesgo en la prestación del servicio educativo (…) si se da el caso en el cual la institución no cumpla con las obligaciones garantizadas con los bienes antes relacionados”.

Otras ventas

Pero la afectación de los inmuebles es más de fondo. En la información recibida, el Ministerio de Educación encontró 4 sedes con pactos de retroventa. Es decir, que la Autónoma tuvo que entregarlas como parte de pago de obligaciones financieras, aunque tiene la posibilidad de volverlas a adquirir. La sede del Laboratorio de Ingeniería, la sede de Asouniautónoma, la sede del equipo de fútbol y otra de las casas del jardín Mi Pequeña Uniautónoma fueron entregadas en retroventa a Los Girasoles S.A.S.

La venta de estos bienes, en diciembre de 2017, sumó 2.403 millones de pesos, que, según dijo universidad al Ministerio, utilizó para pagar obligaciones laborales, un compromiso financiero con el banco Itau, parte de la deudas con B&V Comunicaciones y una factura de Chapman Asociados, para un total de 1.541 millones de pesos, señala el informe en poder de Emisora Atlántico y Zona Cero.com.

Asimismo, además de la venta de 8 hectáreas del Polideportivo, como ya se dijo, por 10.300 millones de pesos, la administración de Ramsés Vargas vendió lo que llamaban la Casa de los mosquitos, un lote sin uso, a Héctor Manuel Esmeral Lafaurie por 650 millones de pesos.

Pérdida de dominio

En el leasing inmobiliario con Davivienda por 8.189 millones de pesos, a 10 años, la Autónoma comprometió la biblioteca, compuesta por 5 inmuebles. Ese trámite se dio el 31 de marzo de 2016. También fue hallado otro leasing por 7.000 millones, del 27 de febrero de 2014, en el que fue comprometido el edificio de postgrados, conformado por 4 inmuebles; un tercer leasing con Davivienda por 8.000 millones de pesos más compromete el edificio de parqueaderos compuesto por 5 inmuebles.

Después de perder el dominio de esos bienes, destaca el Mineducación, la universidad tuvo que arrendarlos para seguir utilizándolos. Si incumple los pagos, como sucedió con la sede de Miami, Estados Unidos, de donde iban a ser desalojados, se interrumpirían los servicios en las sedes de postgrado y la biblioteca, alerta el Ministerio.

Catorce inmuebles más, 10 de los cuales pertenecen al llamado del Bloque Académico, las sedes de la Casa Club y de la oficina de Mantenimiento y Marketing, las sedes de la emisora y la del Canal 23 de televisión, que dejaron de funcionar en la administración del rector Ramsés Vargas, están igualmente comprometidos en una fiducia mercantil con el banco BBVA. No se detalla el valor de esa transacción.

En manos de mineducación

La Autónoma entregó una lista de otros 10 inmuebles, pero no allegó, dice el Ministerio, los certificados de tradición. Por lo tanto, no se sabe en qué condiciones jurídicas están.

En resumen, este es el complicado escenario financiero de la Universidad Autónoma, hoy sumida en su segunda peor crisis, luego de los escándalos que, con el paramilitarismo de por medio, estallaron durante la administración de la encarcelada rectora Silvia Gette.

En la actualidad la credibilidad, gobierno y confianza afectan al rector Ramsés Vargas Lamadrid, de quien los profesores y estudiantes piden que sea retirado del cargo, al igual que a los integrantes de la Sala General y el Consejo Directivo. Esas decisiones están en mano de la ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar.